La insuficiencia de pruebas ha llevado a la exoneración de 19 imputados en tres de los cuatro casos de corrupción presentados por el Ministerio Público contra exfuncionarios del gobierno de Danilo Medina. Desde 2021, los tribunales han dictado autos de no ha lugar o han excluido a personas de procesos penales, concluyendo que las pruebas no eran suficientes para sostener los cargos.

Estos casos están relacionados con Alexis Medina Sánchez, Jean Alain Rodríguez y Donald Guerrero Ortiz. En cada uno, los jueces determinaron que las evidencias presentadas no sustentaban las acusaciones formuladas por el Ministerio Público.

Decisiones recientes

El caso más reciente se dio a conocer a finales de la semana pasada, cuando la jueza Altagracia Ramírez dictó autos de no ha lugar a favor de varios exfuncionarios, incluyendo al exministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, y al excandidato presidencial Gonzalo Castillo. La magistrada argumentó que las pruebas durante la fase preliminar no justificaban la apertura de un juicio de fondo.

En el caso de Gonzalo Castillo, la jueza señaló que el Ministerio Público no logró establecer la conexión entre los fondos ilícitos y los recursos de su campaña presidencial de 2020. La resolución también indicó que no se presentaron elementos que diferenciaran esos recursos de aportes obtenidos de manera lícita.

Respecto a José Ramón Peralta, la jueza concluyó que no había suficientes pruebas para vincularlo con las sumas de dinero que supuestamente fueron movilizadas por la estructura investigada. La decisión resaltó la falta de pruebas concretas que demostraran su participación en esos recursos.

Otros casos exonerados

El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional también descargó a 13 acusados en el proceso relacionado con Alexis Medina Sánchez. Entre los favorecidos se encuentran el expresidente del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas, Fernando Rosa, y Carmen Magalys Medina Sánchez, hermana de Alexis. Las juezas concluyeron que, aunque hubo irregularidades administrativas, no se presentaron pruebas suficientes para establecer la responsabilidad penal de los imputados.

En el caso de Fernando Rosa, el tribunal determinó que las evidencias no demostraban que ejerciera influencia para favorecer a empresas vinculadas al entramado investigado. En cuanto a Carmen Magalys Medina, también se concluyó que no existían pruebas suficientes para establecer su responsabilidad penal.

En junio de 2024, el juez Amauri Martínez dictó auto de no ha lugar a favor de Sara María Fernández, una de las imputadas en el proceso contra Jean Alain Rodríguez, decisión que fue ratificada por la Suprema Corte de Justicia. Los tribunales han coincidido en que las pruebas del Ministerio Público no alcanzan para sostener las acusaciones, lo que ha llevado a la exoneración de varios imputados.

Las decisiones judiciales no implican que los hechos investigados no ocurrieron, sino que los tribunales consideraron que las pruebas presentadas no lograron demostrarlo de manera suficiente.