Las instituciones europeas lograron este lunes un acuerdo político provisional sobre el reglamento de Retornos, que permitirá la creación de centros para migrantes en terceros países, agilizando las deportaciones y endureciendo la política migratoria. Este acuerdo fue alcanzado entre el Parlamento Europeo, la Comisión Europea y el Consejo de la UE, y permitirá a los Estados miembros deportar a migrantes a estos ‘centros de retorno’ siempre que exista un acuerdo previo y se respete el principio de no devolución.

La aprobación del reglamento estaba prevista para la semana pasada, pero se retrasó debido a desacuerdos sobre la fecha de implementación. En la negociación de hoy, se determinó que la legislación, incluyendo los centros de retorno, será aplicable de inmediato tras su entrada en vigor.

Nuevas medidas y sanciones

El viceministro de Migración de Chipre, Nicholas A. Ioannides, indicó que la nueva normativa acelerará el proceso de retorno y aumentará las devoluciones de personas sin derecho legal a permanecer en la UE. Los centros de retorno deberán respetar los derechos humanos y no se permitirá el internamiento de menores no acompañados.

La legislación también establece que los migrantes deberán «cooperar activamente» en su proceso de retorno, y aquellos que no lo hagan podrán enfrentar sanciones que van desde la retirada de prestaciones sociales hasta sanciones penales, incluyendo el encarcelamiento. Además, se permitirá la detención de migrantes basándose en su riesgo de fuga y otros motivos de seguridad.

Para los migrantes considerados un riesgo para la seguridad pública o nacional, se prevé una expulsión prioritaria, pudiendo ser recluidos en prisiones separadas de los presos comunes y enfrentarse a prohibiciones de entrada indefinidas.

Reacciones y críticas

España ha sido el único país en oponerse a esta normativa desde que se alcanzó el enfoque general. La legislación ha encontrado resistencia entre partidos socialdemócratas, verdes y de izquierdas, quienes argumentan que representa un giro hacia la extrema derecha.

La eurodiputada de los Verdes, Mélissa Camara, calificó el acuerdo de «vergonzoso», afirmando que pone en riesgo los derechos fundamentales de los exiliados. Criticó que la normativa debilita los derechos procesales y amplía la duración de las detenciones.

Por su parte, Sylvia Carta, responsable de incidencia política de la plataforma internacional PICUM, advirtió que esta legislación creará un «sistema draconiano de detención y deportación», exponiendo a cientos de miles de personas a daños y violencia, incluyendo el encarcelamiento prolongado y la separación de familias.

El acuerdo político deberá pasar por una revisión jurídico-lingüística y luego ser sometido a votación en el Parlamento Europeo, antes de recibir el aval del Consejo de ministros de Interior de la UE.