La crisis de seguridad en la República Dominicana se ha intensificado, con un aumento alarmante en el número de muertes por disparos, que ahora se reportan a diario. Un promedio de uno a cuatro cadáveres son encontrados cada jornada, a manos de unidades como los «Linces» y la Dirección Central de Investigación (DICRIM), lo que ha llevado a la sociedad a cuestionar la narrativa oficial sobre «intercambios de disparos», que muchos consideran ejecuciones extrajudiciales.

El director general de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC), Roberto Santana Sánchez, reveló que el costo de mantener a cada persona privada de libertad es de RD$ 1,400 diarios, lo que suma más de RD$ 12,700 millones anuales para una población carcelaria de alrededor de 25,000 internos. Esta cifra pone de manifiesto que, para el Estado, es más económico disparar a un ciudadano que asumir los costos de su detención y el sistema judicial.

Este contexto ha llevado a una lógica perversa donde el uso de la fuerza letal se convierte en una opción más viable que la reforma del sistema penal. Las declaraciones sobre el costo de la prisión parecen incitar a los agentes a actuar con letalidad, priorizando el disparo sobre el debido proceso.

Casos recientes y el modus operandi policial

Los recientes incidentes de Mauricio Fermín, alias “Mao”, en Monte Plata, y de “Nono el Imparable” en Villas Agrícolas, ejemplifican el patrón de una policía que ya no busca neutralizar, sino eliminar. En ambos casos, la narrativa oficial incluye una orden de arresto y un supuesto ataque, resultando en la muerte del sospechoso antes de llegar a un centro de salud.

La situación no justifica el crimen, pero sí exige una respuesta legal adecuada. Una fuerza policial profesional debería utilizar métodos no letales para presentar a los sospechosos ante la justicia, en lugar de recurrir a la violencia desmedida que refleja una falta de formación y respeto por el proceso legal.

Consecuencias políticas y sociales

La comparación con el régimen de los «Doce Años» de Joaquín Balaguer se vuelve cada vez más pertinente, ya que el número de jóvenes muertos en los últimos seis años bajo el actual gobierno comienza a generar un eco de aquellos tiempos oscuros. Este retorno del terror de Estado, disfrazado de «guerra contra el crimen», está erosionando la confianza en el gobierno de Luis Abinader.

Los asesinatos de jóvenes no solo dejan familias devastadas, sino que también crean un descontento en las comunidades que podría reflejarse en las próximas elecciones. La indiferencia del gobierno ante esta crisis no solo afecta el Estado de derecho, sino que también puede resultar en su propia pérdida de apoyo electoral.

La sociedad dominicana debe exigir la eliminación de estos actos violentos y la priorización de la vida humana sobre el ahorro en el sistema penitenciario. Un Estado que elige disparar en lugar de reformar no está combatiendo el crimen, sino que se convierte en parte del problema.