El Colegio de Abogados enfrenta críticas por la gestión de su anterior presidente, Miguel Alberto Surún Hernández, y su actual presidente, Trajano Vidal Potentini, en relación al caso del Dr. José Rosa Ángeles, quien fue suspendido por tres años tras criticar irregularidades en la institución. La acusación de autojusticia ha surgido debido a que la Junta Directiva y el Tribunal Disciplinario actuaron en contra de Rosa Ángeles, a quien se le impuso una sanción a través de la sentencia No. 020/2021, emitida el 2 de junio de 2021.
La controversia se centra en la interpretación de los artículos 149 y 169 de la Constitución, que prohíben la autojusticia en la República Dominicana. Se señala que la Junta Directiva de Surún, junto con la Fiscalía disciplinaria y el Tribunal Disciplinario, actuaron como instrumentos para llevar a cabo esta acción, lo que ha sido calificado como una aberración.
Nombres en la controversia
Los miembros del Tribunal Disciplinario que participaron en la sentencia han sido identificados como Lic. José Abraham Amaro, Lic. Diego Antonio Mota Q., Lic. Rubén Jiménez, Dra. Crucita Benítez de Jesús, Licda. Revera Calderón, Eduardo Anziani Zabala y Kilsis Hernández. Estas figuras son vistas como responsables de la decisión que ha generado un fuerte rechazo dentro del gremio.
La crítica se extiende a la ética de la Junta Directiva, que no tomó acciones contra Surún a pesar de las denuncias presentadas por Rosa Ángeles. La falta de respuesta ante las irregularidades denunciadas ha llevado a cuestionar la integridad de la gestión de Surún y la actual Junta Directiva.
Además, se ha señalado un nuevo escándalo relacionado con Juan Pérez Roa, un miembro de la actual Junta Directiva, quien fue acusado de actuar como «garante laboral» para el ex embajador Donny Mayobanex Santana Cuevas, condenado por incesto. Este hecho ha reavivado las críticas sobre la falta de ética en la gestión del Colegio de Abogados.
Continuidad de la crisis ética
La situación actual del Colegio de Abogados ha sido comparada con la gestión anterior de Surún, sugiriendo que la misma falta de ética persiste bajo la dirección de Potentini. La crítica se centra en que la mayoría de los miembros de la actual Junta son los mismos que formaron parte de la administración de Surún, lo que ha llevado a cuestionar su capacidad para realizar cambios significativos.
La percepción de que el Colegio de Abogados ha caído en manos de «farsantes» y «fariseos» ha crecido entre los profesionales del derecho, quienes exigen una revisión profunda de la ética y la transparencia en la institución. La situación actual pone de relieve la necesidad de una reforma urgente para restaurar la confianza en el gremio.
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