El Observatorio Venezolano de Violencias LGBTIQ+, Caleidoscopio Humano y el Movimiento SOMOS denunciaron el allanamiento y la detención de 33 hombres LGTBI en Venezuela por parte de agentes policiales vestidos de civiles, quienes los acusaron de «ejercer el delito de la homosexualidad».

Las organizaciones afirmaron que este incidente no solo afecta los derechos de los propietarios del establecimiento, sino que también expone a los detenidos a la humillación pública, revelando su orientación sexual ante familiares y amigos. Advirtieron que continúa una política de criminalización contra las personas LGTBI en el país, mencionando allanamientos en seis locales de entretenimiento y detenciones arbitrarias por expresión de género.

Demandas de las ONG

Las ONG exigieron una investigación inmediata y exhaustiva para identificar y sancionar a los responsables de esta agresión, calificando estos actos como arbitrarios y discriminatorios, que aumentan la vulnerabilidad de la comunidad ante la impunidad. Hicieron un llamado a que la violencia institucional y la criminalización de la diversidad sexual y de género cesen de inmediato.

Además, instaron al Estado a garantizar la seguridad y el respeto a los derechos humanos de todas las personas, sin distinción, y pidieron la protección inmediata de las personas LGBTIQ+, demandando el cese de la persecución por parte de las fuerzas de seguridad del Estado.

En julio de 2023, 33 hombres fueron detenidos en un local LGTBI en el estado Carabobo, acusados de «ultraje al pudor», «agavillamiento» y «contaminación sónica», siendo excarcelados días después tras protestas de diversos sectores. El colectivo LGTBI advirtió que este caso sentó un precedente que podría dar pie a nuevos procesos de criminalización basados en prejuicios por orientación sexual.

En agosto de 2023, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por las «acciones arbitrarias» y «abuso de autoridad» cometidos por agentes de seguridad en Venezuela contra personas LGBTI, instando al país a abstenerse de criminalizar a este colectivo.

El pasado 9 de mayo, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, solicitó a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo una «doctrina sobre la diversidad» sexual como un derecho humano fundamental. En Venezuela, las personas trans deben identificarse legalmente con un nombre que no las representa y las parejas del mismo sexo no tienen derecho a casarse, lo que motiva las luchas de la comunidad LGTBI.